Por Comunicaciones

En las últimas décadas, la bioeconomía se ha presentado como un nuevo paradigma productivo que permitirá satisfacer las crecientes demandas alimenticias y energéticas de una población mundial en continuo crecimiento. Al mismo tiempo, esto se conseguirá disminuyendo el impacto negativo sobre el medioambiente, la biodiversidad y los recursos naturales y generando nuevas oportunidades para lograr un desarrollo económico y socialmente sostenible a través de la generación de nuevos empleos. En el blog “El rol de la bioeconomía en la Agenda 2030” se ha comentado como la bioeconomía puede contribuir, de manera directa, al cumplimiento de al menos 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.

Es por ello que cada vez son más los países que formulan estrategias nacionales de largo plazo para impulsar el desarrollo de la bioeconomía y, en la misma linea, existen estrategias regionales adoptadas por un conjunto de países para aprovechar la posibilidad de integración que presenta la bioeconomía y los eslabones que la componen. Según el Global Bioeconomy Policy Report (IV), al año 2010 tan sólo Alemania había adoptado una estrategia nacional dedicada de bioeconomía, siendo estas aquellas estrategias orientadas explícitamente al desarrollo de la bioeconomía, con la bioeconomía como eje articulador. Tan solo 5 años después ya eran 7, Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Malasia, Sudáfrica y la Unión Europea. Por último, para el año 2020 -último dato disponible – se contabilizaron 19 estrategias, 16 nacionales (Alemania, Austria, Costa Rica, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Malasia, Noruega, Sudáfrica, Tailandia y 3 regionales (Unión Europea, Paises Nórdicos y África del Este) mientras que diversos países se encontraban desarrollando su propia estrategia.

América Latina y el Caribe

En lo que refiere a ALC, sólo Costa Rica adoptó una estratégica dedicada de bioeconomía y fue en el año 2020, cuando en agosto el gobierno publicó la Estrategia Nacional de Bioeconomía 2020-2030”. Ésta, se rige por tres principios: inclusión social y desarrollo territorial balanceado; agregación de valor, diversificación, sofisticación productiva y creación de empleos “verdes” de calidad; y desarrollo sostenible y acción climática y es a partir de estos principios de los cuales se derivan tres objetivos estratégicos: i) Convertir a Costa Rica en un país modelo en desarrollo sostenible, aprovechando sus recursos biológicos para promover la inclusión social y la equidad, el desarrollo territorial balanceado, la conservación, el conocimiento y uso sostenible de su biodiversidad, y la competitividad nacional; ii) Hacer de la bioeconomía uno de los pilares de la transformación productiva de Costa Rica, promoviendo la innovación, la agregación de valor, la diversificación y la sofisticación de su economía, aplicando los principios de la bioeconomía circular y buscando la descarbonización fósil de los procesos de producción y consumo; y iii) Promover la convergencia entre la riqueza del país en recursos biológicos y el uso de capacidades nacionales en el ámbito de las ciencias biológicas para su valorización. La Estrategia, que tiene una visión de 10 años, está prevista para implementarse en tres fases: la fase de impulso 2020-2022, en la cual se establecen las bases institucionales para el desarrollo de la bioeconomía y la identificación de proyectos estratégicos con este fin; la fase de escalamiento 2022-2026, en la cual se buscará consolidar el marco legal para facilitar el escalamiento de iniciativas en bioeconomía, ampliar planes de acción regionales e identificar proyectos focalizados en sector de alto valor agregado; y por último, la fase consolidación 2026-2030, en la que se busca consolidar la bioeconomía como modelo para la descarbonización fósil y el desarrollo sostenible del país y hacer de Costa Rica un modelo en el desarrollo de la bioeconomía en contextos de alta biodiversidad.

Un paso por detrás de Costa Rica se encuentra Uruguay, el cual participa desde 2017 de la iniciativa del Grupo de Trabajo Internacional para una Bioeconomía Sostenible, financiado por el gobierno alemán y coordinado a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y fue elegido país piloto para transformar su modelo productivo a través de la bioeconomía. A comienzos de 2020 comenzó a elaborar una propuesta de “Estrategia de Bioeconomía Sostenible”, la cual cuenta de 4 ejes estratégicos: desarrollo territorial inclusivo, el cual busca fomentar el desarrollo local de los territorios en función de los efectos de localización de la biomasa y su lógica económica, social e institucional; sostenibilidad del consumo y la producción, con el objetivo de fomentar un consumo y una producción sostenibles; inserción internacional sostenible, con el objetivo de nichos de mercado para colocar productos con “valor agregado ambiental” anticipándose a regulaciones futuras internacionales sobre sostenibilidad; y ciencia, tecnología e innovación orientada a la bioeconomía, que busca desarrollar, promover e implementar ciencia, tecnología e innovación enfocada en la bioeconomía.

Si bien el resto de los países de ALC no cuentan con estrategias explicitas y centralizadas por los gobiernos nacionales dedicadas de bioeconomía, muchos de ellos cuentan con programas, iniciativas o instrumentos de política pública concretas orientadas al desarrollo de uno o más de los sectores que comprenden a la bioeconomía. Tal es el caso de Argentina, la cual cuenta con un “Programa de Fomento de la Bioeconomía” creado en el año 2017 con el objetivo de impulsar el desarrollo de la bioeconomía  como estrategia para la agregación de valor, una mayor eficiencia en el uso de los recursos y el desarrollo territorial en forma sustentable y sostenible, un Consejo Nacional de Bioeconomía así como también un observatorio de bioeconomía y, a nivel provincial, se destaca el “Plan Provincial de Bioeconomía” de la provincia de Buenos Aires, lanzado en 2016. Por su parte Brasil, cuenta con diversos programas que promueven el desarrollo de al bioeconomía tales como el “Programa Bioeconomía Brasil Sociobiodiversidad” (2019), la “Política Nacional de Desarrollo de Biotecnología” (2007) o el “Plan de Acción en Ciencia, Tecnología e Innovación en Bioeconomía” (2018) que tiene como objetivo generar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos para promover el desarrollo sustentable y lograr la inserción de la bioeconomía brasileña en el escenario internacional. Colombia cuenta con la “Política Nacional de Biodiversidad” (1996) que promueve la gestión integral de la biodiversidad de manera que se mantenga la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos o con el “Programa Nacional de Biocomercio Sostenible 2014-2024” con el objetivo de facilitar la construcción colectiva de negocios sostenibles que potencien la equidad y la justicia social. La “Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030” adoptada por Ecuador tiene como objetivo incorporar la biodiversidad, los bienes y los servicios ecosistémicos en la gestión de las políticas públicas, reducir las presiones y el uso inadecuado de la biodiversidad, distribuir de manera equitativa los beneficios de la biodiversidad y fortalecer las capacidades nacionales que promuevan la innovación en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Por otro lado, México cuenta con la “Estrategia Intersectorial de los Bioenergéticos” (2009) para avanzar en el desarrollo de la descarbonización del país y por último Paraguay, que cuenta con una “Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad del Paraguay 2015-2020” y la “Política Y Programa Nacional de Biotecnología Agropecuaria y Forestal del Paraguay” (2011).

La gran mayoría de los países de la región fomentan directa o indirectamente el desarrollo de la bioeconomía, principalmente en lo referido a la generación de biomasa, dado su carácter de productores primarios. Sin embargo, si se desea hacer de la bioeconomía un motor para el desarrollo sustentable resulta imprescindible elaborar e implementar estrategias nacionales de bioeconomía que proporcionen un marco regulatorio adecuado -principalmente en los ámbitos de la bioseguridad, acceso a recursos genéticos y protección de derechos de la propiedad-; fomenten la investigación y el desarrollo en innovación -punto fuerte de la región, donde la brecha con el resto del mundo es mínima- y posibiliten una mejor coordinación de las capacidades técnicas y tecnologías; y  creen condiciones favorables para el surgimiento de emprendimientos innovadores a través de líneas de financiamiento preferenciales, beneficios impositivos y libre entrada a mercados concentrados. De esta manera, se aprovecharía la amplia y diversa base de recursos naturales (tierra, agua y biodiversidad) que, junto con el conocimiento técnico-científico generado en las últimas décadas, presentan una gran oportunidad para un crecimiento económico socialmente inclusivo y ambientalmente responsable en América Latina y el Caribe.

Bibliografía

Teitelbaum, Lily & Boldt, Christin & Patermann, Christian. (2020). Global Bioeconomy Policy Report (Part IV).

Rodríguez, Adrián & Mondaini, Andrés & Hitschfeld, Maureen. (2017). Bioeconomía en América Latina y el Caribe: Contexto global y regional y perspectivas.

Estrategia Nacional de Bioeconomía Costa Rica 2020-2030, hacia una economía con descarbonización fósil, competitividad, sostenibilidad e inclusión (2020)

Balian, C. y Cortelezzi, A. (2020). La bioeconomía como paradigma de transformación productiva sostenible. Anuario OPYPA 2020

 

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Sobre FONTAGRO

FONTAGRO se creó en 1998 con el propósito de promover el incremento de la competitividad del sector agroalimentario, asegurando el manejo sostenible de los recursos naturales y la reducción de la pobreza en la región. El objetivo de FONTAGRO es establecerse como un mecanismo de financiamiento sostenible para el desarrollo de tecnología e innovaciones agropecuaria en América Latina y el Caribe y España, e instituir un foro para la discusión de temas prioritarios de innovación tecnológica. Los países miembros son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En los últimos 25 años se han cofinanciado 195 plataformas regionales de innovación agropecuaria por un monto de US$139.7 millones, que ha alcanzado a 1809 instituciones y 35 países a nivel mundial.